Castilla y León cien por cien banda ancha. ¿Llegará?

El 25 de marzo hizo ya 6 meses que la Junta de Castilla y León lo anunció. Ha pasado justo la mitad del plazo fijado. No debería haber sido ninguna novedad, porque los objetivos marcados en las iniciativas europeas que han liderado, entre otros, los proyectos de Administración Electrónica (eEurope, eEurope 2002, eEurope 2005, e i2010) eran claros. Y antiguos, que ya ha llovido desde entonces.
De forma resumida estos objetivos cubrían la necesidad de crear, primero, una infraestructura que permitiera ofrecer los servicios vía electrónica, y después crear unos servicios apropiados.

La competencia de ofrecer servicios de telecomunicaciones en España es del Estado. El problema es que estos servicios son ofrecidos en régimen de libre competencia.
Cualquiera que conozca esta comunidad puede suponer que cubrir el servicio de Banda Ancha para toda su población bajo dicho régimen es pedirle a las empresas que sean ONG's: la orografía, la escasa rentabilidad de la inversión, las bajas expectativas de uso,...

Menos mal que ahora la conexión que permita comunicaciones de datos de banda ancha a una velocidad de un Mbit por segundo se ha convertido en servicio universal gracias al artículo 52 de la recién aprobada Ley de Economía Sostenible.
Y menos mal que el punto 2 de dicho artículo dice que "La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos..., garantizará el carácter asequible de los precios de los servicios incluidos dentro del servicio universal. En particular, podrá fijar un precio máximo para las conexiones que permitan comunicaciones en banda ancha incluidas dentro del servicio universal."

Pero sobre todo, menos mal que el gobierno regional se ha puesto a hacer los deberes. ¿Cómo? Con una inversión pública de 28,7 millones de euros que dará cobertura a las zonas rurales excluidas hasta ahora (ver localidades). Ni más ni menos. Esta inversión asegurará que todos los ciudadanos de Castilla y León puedan acceder a internet.

En efecto, la administración autonómica ha hecho un esfuerzo, y se ha fijado unos plazos muy claros.

• A 31 de diciembre de 2010 debería haber cubierto el 50% del despliegue.
• A 31 de marzo de 2011 todos los colegios de la comunidad incluidos en el proyecto Red XXI_Escuela 2.0 tendrán ADSL.
• El 25 de septiembre de 2011 todos los ciudadanos de la región deberían tener cubierto su derecho universal de conexión a internet a 1Mbps.

Todo ello utilizando tecnologías como ADSL (7.000 km de fibra óptica), Banda Ancha Móvil (15 estaciones base), Wimax (67 nuevas estaciones base) y satélite. Y según reza la nota de prensa, la Consejería de Fomento financiará el 100% de los costes de la instalación y los adjudicatarios del Plan los gastos de explotación y mantenimiento hasta el año 2015.
Esperemos que para entonces los que viven en las zonas rurales puedan hacer valer su derecho a una conexión mínima a un precio asequible.

Importancia de una cobertura de Banda Ancha
Hacer realidad una cobertura de BA total, a parte de garantizar el acceso a las TIC, es el primer paso para cumplir con la Ley 11/2007. No olvidemos que es la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. Es decir, hay que contar con la posibilidad de acceder electrónicamente a los servicios. Sin una cobertura adecuada, se me antoja difícil.

A esto hay que añadir que sin esa red de comunicación, ya no es que los ciudadanos no podamos acceder a los servicios, es que las Administraciones Locales no podrán ofertarlos.

Quedan 3 días para saber si la promesa de proveer a todos los colegios de la comunidad de ADSL se ha cumplido.
Quedan 6 meses para llegar al 100% de la población castellano y leonesa.
¿Llegará?

Resultados del Informe de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA) 2010 en Castilla y León

El ITA, realizado por TI España, califica al ayuntamiento de Ponferrada como el más transparente de nuestra comunidad y de España.

Este informe, cuya presentación oficial fue el 20 de julio del pasado año,nos muestra el estado de la transparencia informativa de nuestras entidades locales.
El interés que suscita procede de su implicación directa sobre una de las bases del Open Government, la Transparencia, así como de la posibilidad de observar la evolución de la misma.

En los siguientes apartados intentaremos conextualizar brevemente el informe dentro de su marco de origen, para después resumir los resultados obtenidos por los 10 ayuntamientos de nuestra comunidad incluidos en el estudio.

Transparency International
Transparency International es una Organización No Gubernamental internacional fundada en 1993, cuyo propósito principal es combatir la corrupción, no en forma de denuncias de casos individuales, sino promoviendo una cultura de la información, a través de campañas de concienciación, convenciones, realización de informes, etc.

A nivel nacional existen los denominados capítulos que promueven la rendición de cuentas y una mayor transparencia, y que en nuestro país se denomina TI España.
Entre sus numerosos informes figuran los que analizan el índice de transparencia de las Administraciones de las Comunidades Autónomas (INCAU) y Entidades Locales (ITA).


Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA)
El Informe de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA) es un documento que trata de analizar de forma objetiva el nivel de transparencia ante los ciudadanos y la sociedad de los ayuntamientos españoles.
Dicho informe se viene realizando desde 2008 con carácter anual y la muestra elegida para ello son los 110 mayores ayuntamientos de España.

Para el análisis de la transparencia se utilizan 80 indicadores repartidos en 5 aŕeas:

1. Información sobre la corporación municipal.
2. Relaciones con los ciudadanos y la sociedad.
3. Transparencia económico-financiera.
4. Transparencia en las contrataciones de servicios.
5. Transparencia en materias de urbanismo y obras públicas.

En cuanto a la metodología empleada en la recogida de información cabe destacar la objetividad, ya que los indicadores se revisan hasta tres veces.
La primera por parte de TI España. Este pre-análisis es enviado a las entidades locales, quienes tienen la opción de revisarlo y modificarlo de forma justificada. Por último, y ya de nuevo los miembros de TI España, verifican los cambios introducidos.


Resultados en Castilla y León
Los resultados del informe de 2010 completo los podéis encontrar en la web correspondiente (ITA 2010), aunque su resumen aclara muy bien la situación actual, a nivel general, de los 110 ayuntamientos.

En cuanto a nuestra región, los ayuntamientos incluidos en el estudio son: Ávila, Burgos, León, Palencia, Ponferrada, Salamanca*, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. Podéis acceder a los datos completos de las mismas en ITA 2010 Castilla y León.
(* Cabe añadir que en el proceso de recogida de información han colaborado con TI España todos los ayuntamientos excepto el de Salamanca, posible causa de su deficiente puntuación.)

El resultado final se muestra en la siguiente tabla, ordenada por el puesto de cada ayuntamiento en el ranking de nuestra comunidad. En ella también podemos ver el ranking en el ITA, y la puntuación final obtenida.

Valoración global de los ayuntamientos de Castilla y León

Como observamos, la media muestra que en general existe un nivel de transparencia aceptable, y que sólo Burgos, León y Salamanca no llegan al aprobado.

Si examinamos los datos obtenidos en cada área obtenemos el siguiente cuadro.

Valoración por áreas de los ayuntamientos de Castilla y León

Observamos que la área de transparencia económico-financiera es la menos transparente de las 5 en general, cuya nota media ni siquiera llega al aprobado (43,16).
Sin embargo, la área de relaciones con los ciudadanos y la sociedad, es la que más puntuación obtiene de media (74,43).
En cuanto a las localidades, destaca Ponferrada que obtiene la máxima nota en todas y cada una de las áreas.
Y un dato destacable. La pésima nota que obtiene el ayuntamiento de Burgos en la área de transparencia en las contrataciones de servicios, hecho que contrasta con el excelente Perfil de Contratante que posee, y que dentro de la Red de Municipios Digitales ha servido de ejemplo para el resto de municipios que integran esta red.

Por último, analizando la evolución del nivel de transparencia durante estos 3 últimos años, obtenemos las siguientes gráficas. La primera de ellas muestra la evolución en la puntuación. La segunda la evolución en los puestos del ranking que se elabora en base a las puntuaciones.

Evolución de las puntuaciones obtenidas por cada ayuntamiento entre 2008 y 2010

Evolución de los puestos en el ranking obtenidos por cada ayuntamiento entre 2008 y 2010

Destacar que en 2008, Ponferrada ni siquiera figuraba en la muestra original, y que el salto que ha dado de 2009 a 2010 ha sido espectacular. Ha pasado de estar prácticamente la última en 2009 (106), a estar la primera en 2010.
En la propia página del ayuntamiento de Ponferrada podemos ver la noticia y las fotos de la entrega del premio por parte de TI España al ayuntamiento de Ponferrada.
Merecen también ser destacados los ayuntamientos de Soria, caso parecido al anterior, y el de Palencia, cuya evolución ha sido más progresiva.

¡Enhorabuena por el trabajo!

La modificación de la ley 11/2007, incluida en Ley de Economía Sostenible, aprieta pero no ahoga

Gracias al artículo de Guillermo Yáñez, en su web de Contratación Pública, he tenido conocimiento de la segunda modificación sobre la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP), llevada a cabo a través de la disposición adicional séptima de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, que establece:

1. Un quinto apartado en la disposición final tercera de la LAECSP, en el que obliga a aquellas entidades de las Administraciones Autonómica y Local "en las que no puedan ser ejercidos los derechos establecidos en dicha ley, respecto a la totalidad de procedimientos y actuaciones de su competencia,a aprobar y hacer públicos los programas y calendarios de trabajo precisos para ello, atendiendo a las respectivas previsiones presupuestarias", y concretando las fases en las que los derechos serán exigibles por los ciudadanos.
2. Un plazo de 6 meses para llevar a cabo la aprobación y publicación de los programas.

Como recordatorio, la disposición final tercera de la LAECSP fijaba el 31 de diciembre de 2009 como la fecha a partir de la cual se podían ejercer los derechos reconocidos en dicha ley.
En el caso de la Administración General del Estado, esa fecha era de carácter obligatorio. Pero en el caso de las Administraciones Autonómicas y Locales, lo dejaba de la mano de las disponibilidades presupuestarias, sin determinar plazos, ni responsabilidades.

En definitiva, esta modificación aprieta, pero no ahoga, a las mencionadas administraciones. Sigue exigiendo una actuación, pero únicamente establece un plazo, de seis meses, para aprobar y publicar su planificación, y continúa sin establecer una fecha límite para que los ciudadanos podamos exigir el ejercicio de nuestros recién adquiridos derechos. Este plazo será definido por cada administración de forma independiente.

Así que el 6 de septiembre de este año (2011), fecha en la que vence el plazo dado, veremos si nuestras respectivas administraciones han cumplido con lo aquí establecido.
Si es así, podremos saber cuánto tiempo nos quedará todavía para poder realizar nuestros trámites por internet de forma íntegra, no tener que adjuntar a nuestras solicitudes documentos que ya obren en poder de cualquier administración pública, o poder utilizar software libre con todas las garantías, entre otros derechos.